Este lunes 11 abogados presentaron ante el Tribunal Supremo una querella acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus 22 ministros por homicidio imprudente. Un delito castigado con pena de cárcel en nuestro país.

La querella impuesta por los letrados representa a 3.268 familias que presuntamente han perdido a uno de sus miembros a causa del coronavirus Sars-Cov-2.

Conocimiento en manos del gobierno, y una nula gestión para prevenir la pandemia

En dicha querella se resalta que ya existía conocimiento del Covid-19 en diciembre del pasado año, y que a finales del mes de Febrero contábamos con 32 casos dentro de nuestras fronteras. Una información de la que el Gobierno tenía constancia pero de la que hizo caso omiso, al no implantar medida alguna de prevención.

Por otro lado el escrito prosigue argumentando que el ejecutivo también tenía constancia de la emergencia sanitaria declarada por la OMS y que, ante semejante panorama quedó de brazos cruzados, negando incluso la propagación del virus dentro de España y permitiendo eventos multitudinarios como las manifestaciones feministas del 8M.

Durante días que hubieran sido clave para evitar una pandemia, la vida continuó como tal cosa en nuestro país, lo que lleva a pensar a los querellantes que el Gobierno puso sus propios intereses por encima de los de la nación.

La querella también resalta que tanto las autoridades europeas como a OMS advertían de la necesidad de tomar medidas, declarando esta última el estado oficial de pandemia mucho antes de que el Gobierno central decretara el estado de alarma.

Se exige al Ejecutivo mostrar toda la información sobre la gestión de la crisis

El escrito solicita al Tribunal Supremo (Al que recordemos, están aforados los miembros del Gobierno) que exija al Ejecutivo poner sobre la mesa toda la información sanitaria con la que contaba en ese momento, además de los datos sanitarios sobre la evolución de la pandemia.

A fecha del pasado Lunes son 3.268 familias las afectadas por pérdida de familiares, los cuales suman un total de 3.274 fallecidos, bajas humanas que los querellantes afirman que se podía haber evitado solo anticipando ciertas medidas de prevención.

Por ahora son poco más de 100 los que han presentado documentación concreta, entre la que se incluyen principalmente certificados de defunción. La falta de más documentos acreditativos que confirmen que la pérdida de estos familiares ha sido por Covid-19 se debe a los retrasos existentes en estos certificados de defunción, y a la dificultad de llevar a cabo trámites notariales mientras dure el confinamiento.

Emilia Zaballos, una de las letradas firmantes de la querella, cuestiona que el trato con estas familias se ha gestionado a través de la fundación Zaballos, entidad de que la ella misma es presidenta, además de una web destinada a tal labor y conocida como despues.info.

Alberto enrique Arnau, otro de los letrados firmantes, argumenta que tras el escrito se encuentra un equipo de 80 abogados voluntarios, los cuales colaboran con la gestión de este asunto tan complicado.