Hasta 1932, el matrimonio en nuestro país solamente se podía disolver, según el artículo 52 del Código Civil de 1889, cuando uno de los dos cónyuges fallecía. Fue en el año 1932, durante la II República española, cuando se aprobó la primera Ley de Divorcio en España. De acuerdo con esta ley, cualquiera de los dos cónyuges podía solicitarlo siempre y cuando alegase una causa justificada, hasta que en 1939, durante el franquismo, fue derogada. En 1981 se recuperó de nuevo la Ley de divorcio, conocida como Ley 20/1981, en la cual se establecían los siguientes requisitos: permanecer al menos un año sin vivir juntos, pedir la separación judicial (la cual permite una reconciliación de los cónyuges) más un año separados judicialmente y, de nuevo, un año entero sin convivir. Es decir, hasta pasados dos años sin vivir juntos y uno de separación judicial, no se podía pedir el divorcio. En el año 2005 se produjo la primera reforma de esta ley, denominada Ley 15/2005 o ley de divorcio express, en la que se reconocía que a partir de los tres meses de haberse celebrado el matrimonio (ya fuese civil o canónico), cualquiera de los dos cónyuges (sin tener por qué estar de acuerdo) puede solicitar el divorcio sin necesidad de pasar por una separación judicial y sin justificar la causa.
Según un informe del Poder Judicial, en el año 2016 en España se dictaron casi 115.000 divorcios (unos 75.000 más que en 2001) y en torno a 6000 separaciones (60.000 menos que el mismo año). Con la reforma de la ley de 1981, el porcentaje que representaba los divorcios pasó de ser del 61% al 91% en menos de 10 años. En los últimos quince años se ha incrementado notablemente el número de divorcios y ha descendido el de las separaciones, lo cual indica que, a causa de dicha reforma, cada vez son más los matrimonios que optan por pasar directamente al divorcio saltándose la separación —proceso por el cual ninguno de los dos cónyuges puede volver a casarse—.
Gracias a esta reforma hoy en día un matrimonio pueden solicitar el divorcio (ya sea contencioso o de mutuo acuerdo) libremente y sin tener que pasar por el arduo proceso que imponía la Ley 20/1981. Estamos todos de acuerdo en que enfrentarse a un divorcio no es en absoluto una tarea sencilla, por eso es conveniente saber cuál es la función del abogado especializado en Derecho de Familia durante este procedimiento, pues este será el encargo de asesorar y encontrar la mejor solución para su situación. Cuando nos enfrentamos a un divorcio existen ciertos aspectos a tener en cuenta y para los cuales nuestro abogado nos echará una mano, como por ejemplo la división de bienes (las propiedades, el dinero, las deudas…), la negociación de los derechos de custodia en caso de que tengamos hijos o las pensiones compensatorias.Si se trata de un divorcio de mutuo acuerdo, el abogado analizará los pactos y concesiones que los cónyuges hayan establecido antes de acudir a él y los asesorará para que el acuerdo final —denominado convenio regulador— sea lo más justo y equitativo para ambos. Por el contrario, si a la pareja le resulta imposible llegar a un acuerdo, estaremos hablando de un divorcio contencioso, en el que el abogado examinará y estudiará las estrategias que más favorezcan sus intereses y sobre todo, si hay niños de por medio, las de los menores. En ocasiones, gracias a la participación de dichos profesionales, los divorcios contenciosos se acaban convirtiendo en divorcios de mutuo acuerdo, lo cual supone un gran ahorro de tiempo y de dinero. Si aun así no se da ningún tipo de pacto o convenio, será el juez quien decida y aplique las medidas que considere más favorables para los menores y más justas para los cónyuges.
Contar con la ayuda de un especialista en divorcios o Derecho de Familia supondrá que estaremos siempre informados y asesorados acerca de todas las posibles soluciones que resulten más beneficiosas para todos, sobre todo cuando entre los cónyuges, a priori, no hay posibilidad de acuerdo. El abogado podría evitar que el proceso judicial se acabe convirtiendo en uno largo y pesado y que dé lugar a un demanda de divorcio contencioso, transformándolo en uno de mutuo acuerdo (mucho más pacífico y ágil) y simplificando así la tramitación judicial.
